El senador Carlos Guía manifestó hoy a Servimedia ue la enmienda presentada con ese fin por el Grupo Popular de la Cámara Alta fue retirada antes de proceder a la votación, pese a que el PP difundió esta tarde un comunicado en el que acusa a PSOE y CiU de impedir "que la víctimas del terrorismo tengan asistencia jurídica gratuita".

Guía aseguró que el criterio para que las asociaciones tengan derecho a la justicia gratuita es que sean declaradas de utilidad pública y que carezcan de medios para litigar, y añadió que en ese planteamiento estaban de acerdo todos los partidos del Senado, salvo el PP.

El PP, por su parte, señaló que las asociaciones para las que reclaman el derecho a justicia gratuita "a diferencia de otras, tienen en los tribunales de justicia uno de sus campos principales de actuación solicitando indemnizaciones, interviniendo como acusación particular o instando procedimientos civiles".

Por ese motivo, el PP estima que "es una verdadera pena que esta iniciativa no haya salido adelante, ya que cada peseta que las asociaciones e víctimas de estos delitos destinan a asistencia jurídica es un dinero que se podría destinar a su atención y tratamiento".

Frente a estas acusaciones, Carlos Guía explicó también que la nueva ley amplia el derecho a justicia gratuita a conceptos ahora no contemplados, como el asesoramiento previo y algunos gastos notariales, y establece una reducción del 80 por cien en los aranceles de determinados documentos de notarios y registradores.

El grueso del colectivo con derecho a justicia gratuita e el que no supera, por unidad familiar, unos ingresos superiores a dos veces el salario mínimo, aunque también podrán acceder a ella algunas que lo superen y reunan unos requisitos previstos en la ley.

Para resolver el problema del atasco en el pago a los abogados de oficio, la nueva ley establece un mecanismo de financiación a través del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias en esta materia para dotar presupuestariamente, con carácter anual, las partidas para la asistncia jurídica gratuita.

Guía estimó que, tras el próximo trámite del Congreso, y teniendo en cuenta que la norma tardará seis meses en entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, podría comenzar a aplicarse en junio de 1996.