Así consta en una enmienda conjunta registrada este miércoles por la tarde en la Cámara Baja por los partidos del Gobierno de coalición a la iniciativa legislativa popular (ILP) que cuenta con el apoyo de unas 900 organizaciones de personas migrantes, defensoras de derechos humanos, entidades de la Iglesia y sindicatos y que contó con el aval de 611.821 firmas que fueron presentadas ante la Junta Electoral Central en 2022.

Los socialistas inicialmente solicitaron acotar la concesión del permiso de residencia a los inmigrantes irregulares que ya estaban en España antes de 2021 y, finalmente, han pasado a abrirla a todos que llegaron al país antes de 2024.

En un primer momento, defendieron que la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social llevase que "el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

Con la enmienda presentada, tanto PSOE como Sumar, defienden ahora el cambio en el texto de la siguiente manera, que "el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento que permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios".

El Ejecutivo de coalición también propone modificar la consideración de motivos de la norma para recalcar que "somos un país en el que la migración ha sido determinante en nuestro pasado y sigue siéndolo en la construcción de nuestro presente y futuro" y agregar así que, "por un lado, por el enorme peso y relevancia que ha tenido la emigración de tantos compatriotas hacia otros lugares del mundo en busca de oportunidades de vida, destacando la prioridad de esos destinos hacia Europa y América Latina y, por otro, porque nuestro país ha dejado de ser solamente una tierra de tránsito o de puerta de entrada hacia Europa, para convertirse en lugar de destino, de acogida".

Asimismo, advierten de que "el no acompasar de forma eficaz la evolución de los flujos humanos migrantes con el ámbito regulador puede generar situaciones de inseguridad, o desprotección de las personas migrantes que acrecienta el riesgo de exclusión social y su situación de vulnerabilidad".