Son las principales medidas en materia de vivienda que recoge el documento, que tiene como grandes objetivos aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible y hacer efectivo el cumplimiento de la norma que el Ejecutivo aprobó en el mes de mayo.

El Bono Alquiler Joven fue aprobado por el Gobierno en 2021 por un período de dos años. Para acceder a él, los jóvenes debían tener unos ingresos inferiores a tres veces el Iprem y se destinaba a alquileres de un máximo de 600 euros, ampliables a 900 euros. La ayuda consistía en un importe de 250 euros y los beneficiados potenciales eran 70.000.

Tras su aprobación, ha sido tarea de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, poner en marcha las convocatorias y realizar los pagos. Ahora el Gobierno quiere consolidar la medida y ampliar la dotación de 1.700 millones que inicialmente destinó para que llegue a todos los jóvenes.

REGULACIÓN DE PRECIOS

En cuanto al índice de precios, se trataba de un fleco pendiente para poder poner en marcha de manera efectiva la regulación de los precios de los alquileres que contemplaba la Ley de Vivienda aprobada en mayo. El último índice publicado por el Gobierno tenía cifras del año 2021 y se elaboraba con datos tributarios. La intención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana era actualizarlo con cifras más actuales y que pudiese tener en cuenta diferentes características de la vivienda.

A este índice, que también podría ser sustituido por otros de carácter autonómico, deberán someterse los contratos de alquiler de grandes tenedores (propietarios con 10 o más pisos) y los nuevos contratos -que no se hayan alquilado en los últimos cinco años- de pequeños propietarios siempre que se encuentren en zonas declaradas como mercado tensionado, algo que, hasta la fecha, no ha ocurrido en ninguna comunidad autónoma.

Sobre la norma, la intención de ambos partidos es también monitorizar sus efectos y la evolución del mercado para garantizar que “los incentivos fiscales, los mecanismos de regulación y los regímenes de tributación de las sociedades dedicadas al arrendamiento contribuyan de forma efectiva a hacer asequible el alquiler de vivienda y a la contención de los precios”.

Además, en materia de desahucios, el nuevo Gobierno pretende impulsar actuaciones para “asegurar” que, una vez comunicada de oficio la existencia de un procedimiento a las administraciones y “verificada la situación de vulnerabilidad”, se presente al juzgado “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” a proporcionar por la Administración y “propuesta de medidas de atención inmediata” a adoptar igualmente por la Administración, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la víctima del desahucio.

ACCESO A LA VIVIENDA

Por otro lado, el Ejecutivo desea elevar el parque público de vivienda para alquiler asequible hasta el 20% del parque total de vivienda. Para ello, PSOE y Sumar contemplan “mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía”, así como la vivienda propiedad de Sareb.

Además, se revisará la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas, que quedó fuera de la Ley de Vivienda al esgrimir el PSOE que corresponde a los ayuntamientos la normativa de este tipo de viviendas.

PSOE y Sumar también han acordado ampliar hasta la renta media, de 37.800 euros, el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas, así como la ampliación de crédito hasta siete años y congelación de cuota de un año.

Asimismo, han pactado implementar mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a “facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago” y la eliminación de los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades.

Los miembros de la coalición se han comprometido también, de conformar el nuevo Gobierno, a desarrollar y aplicar la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años, medida que recibió las críticas de Unidas Podemos cuando se anunció.

Los partidos también han acordado impulsar un registro de viviendas vacías a partir de la definición e información publicada por el INE en el Censo de Población y Vivienda 2021, y en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. PSOE y Sumar prometen aprobar un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

En materia de rehabilitación, se reafirma el objetivo de rehabilitar medio millón de viviendas priorizando a aquellas familias con hijos a cargo con menos ingresos a través de un programa nacional de ayudas y subvenciones. Impulsarán también la rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos.