"Esta ley es una medida de acción positiva para luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero no de cualquier violencia, sino de aquella que tiene como base la desigualdad y la discriminación que sigue sufriendo la mujer por el hecho de serlo", dijo Martínez.

En su opinión, es totalmente acorde lo que dice la citada ley con el principio de igualdad recogido en la Carta Magna y con la obligación constitucional de los poderes públicos de "remover todos los obstáculos, también los penales, que impidan que la igualdad sea real".

La senadora socialista añadió que "la cuestión de inconstitucionalidad admitida a trámite hace referencia tan sólo a las modificaciones introducidas en el artículo 153 del Código Penal, que está dirigido a sancionar los maltratos físicos y psíquicos que se producen no sólo contra la mujer en el ámbito de sus relaciones sentimentales, sino también contra menores y ancianos, colectivos especialmente vulnerables en el entorno del maltratador".