Los juzgados contra la violencia de género comenzaron a funcionar el 29 de junio de 2005 con el fin de acercar la justicia a la víctima y ofrecer un tratamiento integral de este problema.

La Ley Integral contra la Violencia de Género deja en manos del Ministerio de Justicia el incremento progresivo de la planta, sujeto a necesidades reales de cargas de trabajo, tal y como debe constar en el informe que elabore el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La primera decisión sobre la planta de los juzgados exclusivos fue adoptada a partir de las estadísticas de carga de trabajo en temas de violencia doméstica que suministró el CGPJ respecto al año 2003.

El CGPJ, a través del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, tiene establecidos los mecanismos de control y seguimiento necesarios para constatar las cargas reales que se tienen en los juzgados, ya sean estos exclusivos o de los que compatibilizan funciones.