El Comité Federal debate también el informe de gestión de la Comisión Ejecutiva durante el pasado año y convocará el 34 Congreso Federal del PSOE.

La propuesta inicial de celebrar el 34 Congreso lo días 13, 14 y 15 de junio presenta alguna dificultad para disponer del Palacio de Congreso con tiempo suficiente, por lo que en medios del PSOE no se descarta que se celebre una semana después, los días 20, 21 y 22 de junio.

Por lo que se refiere al supuesto deterioro de las libertades, ya fue puesto de relieve por el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, tras la reunión celebrada el jueves por los Comités Permanentes del Grupo Socialista del Congreso y del Senado.

Almunia destacó que la alteración del clima ciudadano y los riesgos por los que está pasando el disfrute efectivo de la libertad de prensa o de la libertad de información, e incluso la libertad de expresión en algunos casos, responden a decisiones conscientemente adoptadas desde el Gobierno".

El informe político que debate el Comité Federal destaca "la paradoja de que la derecha no sólo no liberaliza realmente la economía, sino que se embarca en una política de regulación intervencionista en un sector, el de las telecomuicaciones, en el que la liberalización resulta imprescindible e inevitable".

En este sentido, afirma ese documento al que ha tenido acceso Servimedia que "con un autoritarismo grotesco, el gobierno de la derecha pretende amordazar cualquier crítica, por menor y anecdótica que pueda ser", antes de denunciar que "para servir a los intereses empresariales y personales de quienes impulsaron desde los medios la llegada de la derecha al gobierno, se intenta imponer una plataforma única en televisión digital financiada con inversiones de una empresa actualmente pública en proceso de total privatización para crear un monopolio en este campo e imponer el poder del gobierno frente a los grupos y medios privados de comunicación".

PRIVATIZACIONES

El informe político pone de relieve que "la política de privatizaciones y los presupuestos de 1997, enfocados desde las prioridades e intereses de la derecha, configuran una tendencia al malestar social que puede poner en peligro el clima de confianza necesario par la buena marcha de la economía, pero sobre todo ponen en peligro la continuidad del modelo de sociedad creado por los gobiernos socialistas".

En este sentido, resalta que en la educación, la política del Ministerio "prima a la enseñanza privada en nombre de la libertad de elección", aunque para los socialistas "lo más grave es la falta de voluntad política de aplicar la LOGSE, una reforma de la enseñanza cuya ambición y carácter progresista la derecha no puede asumir. La carencia de inversiones y proesores para el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria pretende erosionar la confianza en la educación pública y vaciar de contenido la reforma".

En sanidad, el informe denuncia que "el propósito del Gobierno conservador parece ser crear instrumentos opacos de gestión que permitan a la medicina privada obtener beneficios como suministradores de servicios, sin mejorar la calidad del servicio público y elevando sus costes", lo que, en opinión de los socialistas, pone "en peligro la eficienca y la estabilidad financiera del sistema".

El informe considera que "es de especial importancia para los socialistas el desarrollar una relación fluida con las organizaciones sociales, apoyándolas en sus negociaciones para defender conquistas sociales como el sistema de la Seguridad Social, y contribuyendo a crear una amplia plataforma frente a los ataques de la Administración conservadora contra los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación".

El informe concluye que "la oposicón a la política irracional, particularista y regresiva del gobierno de la derecha y la creación de un consenso en defensa del modelo solidario y progresista de sociedad" son los ejes sobre los que deben trabajar los socialistas para que su proyecto político "aparezca como una alternativa política para la mayoría de los ciudadanos".

El documento señala que "la supuesta política de liberalización esconde hasta ahora ventajas para los grandes grupos de interés, en particular en la autopistas y el sectoreléctrico".