En una rueda de prensa al término de la reunión de la ponencia, López Garrido se felicitó de que se han aprobado todas las enmiendas del PSOE por una "amplia mayoría", a la que se ha sumado CiU, que se ha incorporado al acuerdo después de que en el Parlamento catalán votara en contra al título de derechos y deberes.

"Estamos ante una jornada importante, de éxito", continuó López Garrido, una visión contraria a la ofrecida por ERC en su rueda de prensa de valoración del acuerdo, a pesar de que de cuarenta artículos "ha votado a favor 37", y que la intervención de su portavoz, Joan Ridao, en la ponencia ha sido "laudatoria".

López Garrido atribuyó esta actuación a la "escenografía de una disidencia" por motivos distintos al contenido de la propuesta, al poner obstáculos al consenso, una conducta "impropia, que no tiene ningún sentido en un órgano muy flexible en el que se trata de aproximarse para llegar a acuerdos".

En cuanto al PP, criticó su voto "frontalmente contrario con intervenciones con poco fundamento", lo que "contrasta vivamente con lo que ha hecho en el Estatuto valenciano", que presenta "coincidencias enormes" en lo que respecta a los derechos y los principios rectores.

"¿Por qué se tiene que votar en contra en Cataluña y a favor en la Comunidad Valenciana cuando tienen el mismo contenido?", preguntó López Garrido, tras subrayar que también el Estatuto valenciano, pactado con el PP, incluye los principios rectores que rechaza en el catalán."RABIETA" DE LA MINORÍA

Subrayó que esta actitud del principal partido de la oposición "pone de manifiesto la estrategia disparatada, de confrontación con el Estatuto y con Cataluña misma que está haciendo el PP", en una política de "confrontación, del no por el no" por una "rabieta por estar en minoría".

Por otro lado, aseguró que el título de derechos y deberes, tal y como está redactado, es "plenamente constitucional", por lo que tachó de "pura demagogia" que el PP diga que se limitan derechos fundamentales. "Amplía posibilidades, amplía derechos pero desde luego deja intactos los derechos fundamentales de los españoles".

En cuanto a los derechos lingüísticos, "debe quedar absolutamente claro que se consolida el principio que se aprobó la semana pasada en el título preliminar: el uso del catalán o del español no podrá ser nunca objeto de discriminación".

NO DISCRIMINACIÓN

"Ante las autoridades políticas, la administración de justicia, los poderes públicos tienen el derecho a utilizar el castellano o el catalán, el artículo reafirma ese principio básico de no discriminación por el uso de una u otra lengua", sentenció.

Explicó que, de modo "razonable", los altos funcionarios deberán tener un nivel de conocimiento "adecuado y suficiente" del catalán, algo que se regulará por las leyes, no por este Estatuto, palabra que se ha suprimido gracias a una enmienda del PSOE.

Con todo, remarcó que el acuerdo alcanzado esta tarde es el término medio entre "el todo del Parlamento catalán y la nada que pedía el PP", y subrayó que no hay "ningún problema reglamentario" para que los grupos pacten aproximaciones que les permitan llegar a un consenso, frente a quienes criticaron el método de trabajo.