La iniciativa insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas, adopte las medidas oportunas para garantizar la calidad de los servicios de las empresas que gestionan cursos de idiomas en el extranjero, así como el respeto a las condiciones pactadas entre las mismas y los usuarios de sus prestaciones.

A tal efecto, el Gobierno deberá fijar los aspectos básicos de la prestación de esto servicios en los que se determinará el contenido mínimo de los contratos, los cuales deberán incluir, en todo caso, su duración y las condiciones referidas al régimen académico, con especificación de la cualificación del profesorado y las posibilidades de convalidación de los estudios realizados en el extranjero con el sistema educativo español, así como el carácter de las estancias, alojamiento, manutención, las actividades programadas, el medio de transporte utilizado en el viaje y los diversos traslado.

En los programas dirigidos a menores de 18 años, será obligatorio suscribir un seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil que cubra el período total de la estancia.

El precio de los cursos y programas también deberán consignarse en el contrato y ser fiel reflejo del expresado en la publicidad e información que se ofrezca. Las organizaciones, en su caso, deberán prever la posiblidad de fluctuación de las diversas monedas.

Asimismo, se impulsará la creación de un registro de emresas de este tipo, para que los consumidores puedan consultar cuáles cumplen los mínimos requisitos de calidad y ofrecen la garantía del correcto desarrollo de la actividad.

La iniciativa socialista contempla también la concesión, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, de ayudas anuales de ámbito nacional para la realización de cursos de idiomas en el extranjero, dirigida a los ayuntamientos que realicen convocatorias de ayudas entre los menores de su localidad para la realización de estos ursos.