Según explicó Narbona en un encuentro con periodistas, el texto recoge beneficios fiscales y económicos específicos para los espacios que sean gestionados de esta forma, que contribuiría también a la prevención de los incendios.

El articulado de la proposición distingue entre os cultivos forestales, orientados a conseguir la máxima productividad económica, del resto de espacios, en cuya gestión se da prioridad a la protección y mantenimiento de la biodiversidad.

Establece además el contenido de una estrategia forestal nacional a elaborar de acuerdo con las comunidades autónomas, y preve la adecuación de los valores catrastales y de los datos del Registro de la Propiedad a la información contenida en un Inventario Forestal Nacional.

La propuesta precisa también las técicas que configuran una silvicultura sostenible a la que debería orientarse la gestión de los espacios forestales públicos y, después, de forma gradual, el resto de espacios.

Asimismo, la propuesta establece clasificaciones de espacios, normas básicas y criterios de declaración de montes de utilidad pública, y prevé su coordinación con otras leyes y con las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.