El objetivo de esta medida es lograr que, progresivamente, los trabajadores con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento lleguen a ocupar el 2 por ciento de las plazas de la Administraión del Estado. La iniciativa prevé que, en el caso de que tras el proceso selectivo los puestos ocupados por discapacitados no alcancen a cubrir ese porcentaje, las plazas que no hayan sido ocupadas se acumulen al cupo de la siguiente convocatoria, con un límite máximo del 10 por ciento.

"El empleo constituye, sin duda, la vía más efectiva para avanzar en la integración social de las personas con discapacidad, que en nuestro país sumás más de tres millones y medio de ciudadanos", señala Rumí.

Seún el PSOE, los datos ponen al descubierto que España es el país de la Unión Europea que menos empleo crea para discapacitados y que más trabas impone para su acceso al mercado laboral.

La iniciativa socialista plantea elevar desde el 3% al 5% el cupo de empleo público reservado a las personas con discapacidad, una medida ya adoptada por alguna de las administraciones gobernadas por el PSOE y que forma parte del compromiso de los socialistas en el conjunto de administraciones autonómicas y locales.

Esta proposición de ley se enmarca en una serie de iniciativas que está presentando en Grupo Parlamentario Socialista, "para lograr que el 2003, Año Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad se convierta en algo más que en la repetición de actos solemnes y sea el punto de arranque de una nueva etapa hasta garantizar la materialización de los derechos de los discapacitados y también de sus familias", explica Consuelo Rumí.