El portavoz del PSOE, Francisco Vals, alegó que todavía existe una gran división de opiniones entre los profesionales y los juristas sobre la conveniencia o no de regular este derecho, cuyo desarrollo normativo está previsto en el artículo 20 de la Constitución.

El mero hecho de que la Carta Magna contemple este derecho, señaló Valls, impide que los profesionales de la información puedan padecer algún tipo de indefensión ante los tribunales.

En el quinto debate que se produce en la Cámara Baja sobre este asunto desde la entrada e vigor de la Constitución, todos los portavoces de la oposición opinaron que no se puede prolongar por más tiempo el desarrollo de este precepto constitucional.

El ponente de la proposición de ley, el peneuvista Emilio Olabarría, dijo que el secreto profesional es un "instrumento necesario e imprescindible" para garantizar la libertad de expresión.

Según la iniciativa del PNV, el secreto profesional debe ser siempre preferente, salvo en aquellos casos en los que se pongan en peligro la seguridad el Estado, los derechos fundamentales de las personas o la propia vida del periodistas o sus familiares. Este punto contó con el rechazo del PP, quien no obstante apoyó la proposición al considerar que es necesario desarrollar cuanto antes este derecho.

El representante del CDS, Antoni Fernández Teixidó, señaló que es "imprescindible" regular ahora el secreto profesional, ya que "la ciudadanía considera que la información veraz es necesaria para controlar la transparencia política".