El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de todas las enmiendas pero, a través del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, y de su portavoz, Jesús Díaz-Fornes, expresó su voluntad de acercarse a las posiciones de la oposición en la fase siguiente del trámite parlamentario: la discusión en comisión de las enmiendas parciales.

Las principales objeciones del grupo de IU-IC fueron que la ley no garantizaba un nivel de protección adecuado de los denominados datos sensibles (religión creencias, antecedentes policiales, etc.) y que el órgano que debe velar por los derechos de los afectados, la Agencia de Protección de Datos (APD), depende políticamente del Gobierno.

Por su parte, la portavoz del PP, Loyola de Palacio, explicó que su grupo no coincide con el espíritu "controlador" que, según ella, subyace en el proyecto de ley.

No obstante, De Palacio ofreció al grupo socialista que si las supuestas diferencias entre el proyecto de ley y el Convenio del Consejo de Europa (ya rtificado por España) se limaban en la posterior discusión parlamentaria y si la APD quedaba como un órgano independiente de la Administración y del Gobierno, el PP "estará de acuerdo en votar a favor y estará enormemente satisfecho".

Tras la votación, Luis Otero, de la Comisión de Libertades e Informática, cuya propuesta de ley había defendido IU-IC, se mostró confiado en que "si las palabras del ministro en cuanto que ha ofrecido parlamentar e intentar llegar a acuerdos durante la discusión se traduc en que se solucionan esos problemas, pues bueno será el trámite".

"Si no", añadió, "si se mantiene el proyecto del Gobierno tal como está, realmente será un problema más a las libertades de los derechos individuales de este país".

También una vez finalizada la votación, el portavoz del grupo socialista declaró a los periodistas que "por supuesto, todas las limitaciones, todos los recortes en materia de principios y de garantías, nuestro grupo coincide, sin duda, que deben tener un carácter absoltamente restrictivo y sólo en casos muy justificados en los que el interés público debe prevalecer sobre el interés privado".

"Pero teniendo también en cuenta con claridad", continuó, "que este derecho defiende por primera vez y se incorpora a las legislaciones progresistas el derecho a la intimidad, que es justamente lo que entre todos tenemos que defender".