Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista apoyó el vigésimo quinto y último punto de la moción, que fue, por lo tanto aprobado.

Ese punto insta al pleno de la Cámara Baja a constituir en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo una ponencia que estudie la problemática de los minusválidos "y que antes de fin de 1991 presente, para su debate, sus conclusiones y respuestas".

La propuesta de los centristas exigía el reagupamiento, en un solo cuerpo legal, de todas la normativa relativa a minusválidos; el incremento de las ayudas públicas a este sector de la población y el aumento de los fondos destinados a la investigación de proyectos "que faciliten la vida cotidiana de los disminuidos".

Asimismo, solicitaba la articulación de un procedimiento que permitiera a los empresarios que contraten a minúsvalidos cobrar "con prontitud" las subvenciones establecidas por ley y la supresión de barrera arquitectónicas.

Otro de los aspectos más relevantes de la inicitiva parlamentaria eran la petición de desaparición del IVA en aquellos productos destinados a este sector de la población y la creación de un Consejo Nacional de Minusválidos.