La petición del PSOE en ese sentido fue amparada la semana pasada por una decisión del Tribunal Constitucional, que establecía la idoneidad de las comparecencias solcitadas por los socialistas en el transcurso de la subcomisión que estudió el proceso privatizador.

En su reunión del pasado martes, el órgano de Gobierno del Congreso decidió dejar en manos de la Mesa de cada una de las comisiones en las que tendrían que comparecer los afectados, la decisión final de autorizarlas.

El PSOE entiende que el dictamen de la Mesa establece limitaciones al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional al fijar que "el objeto de la comparecencia se refiere a u competencia (la de los afectados) sobre dicha empresa cuando tenía carácter público y, con posterioridad, a la pérdida de tal carácter, en cuanto a las repercusiones sobre le economía española..."

Los socialistas han dirigido a la Mesa un escrito que defenderán esta semana en el que piden la supresión de este párrafo por entender que limita la capacidad de cada una de las comisiones para decidir en libertad.

Según indica el escrito, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que una emprsa pública es aquella en la que "los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de participación financiera o de las normas que la rigen".

De ello deducen los socialistas que todas sus peticiones de comparecencia están dentro del supuesto que ampara el Tribunal Constitucional y que "establecer una limitación al control de los diputados al Gobierno" supone que la Mesa se "excede en sus funciones" e "incumple claramente la doctrina del Tibunal Constitucional".

La petición del PSOE se refiere a cinco ministros, en concreto los de Hacienda, Fomento, Defensa, Ciencia y Tecnología y al vicepresidente segundo del Gobierno, e incluye también a presidentes y ex presidente de Telefónica, Repsol, Argentaria, Endesa, Iberia, Indra y Tabacalera.