La moción "insta al Gobierno de la nación y a las comunidades autónomas con competencias educativas a que promuevan dentro de los centros escolares, con el concurso y la participación de la comunidad escolar, actividades de reflexión sobre los problemas de la discriminación por motivos étnicos, de enfermedad o de cualquier otra índole, tendentes a la promoción de los valores constitucionales de tolerancia, no discrminación y solidaridad".

Según los senadores socialistas, los incidentes "aislados" surgidos durante los últimos meses en distintos puntos de España "tienen como común denominador actitudes de rechazo y de discriminación hacia minorías étnicas, fundamentalmente hacia la población gitana, u otros colectivos".

Agregan que las actitudes de miedo "se entremezclan con el rechazo hacia los otros, hacia los que no son como nosotros, personas diferentes que pertenecen a culturas o modos de vida que la maoría de la comunidad juzga como ajenos, cuando no como asociados a actividades perjudiciales o peligrosas".

"La misma comunidad que se resiste a integrar a estos ciudadanos", continúa la moción, "a aceptarles con plenitud de derechos como compañeros de trabajo o vecinos, es la que les juzga como desocupados o carentes de viviendas para negarles los mínimos derechos, para intentar mantenerles alejados en un círculo perverso de actitudes que tienen como consecuencia los mismos efectos que alimentan las ausas".

En opinión del Grupo Parlamentario Socialista, estos hechos cobran mayor importancia cuando afectan a niños, a los que se impide el acceso a la educación, en clara referencia a casos como los de Mancha Real (Jaén) o Aitona (Lérida).

También hace una referencia especial a "otros casos en los que el detonante de los incidentes es el miedo provocado por la falta de información hacia contagios casi imposibles de alguna enfermedad, de los que hasta ahora la comunidad científica no ha constatad evidencias de que se hayan producido con valor de ejemplo en el ámbito escolar".

Tras recordar que el artículo 14 de la Constitución reconoce que "los españoles son iguales ante la ley" y que el 27 recoge el derecho a la educación, los parlamentarios afirman que "el Senado de España no puede permanecer impasible ante el racismo o la insolidaridad" y ha de promover los valores de tolerancia, no discriminación y solidaridad.