En su texto, los socialistas recuerdan que muchas de las leyes nacionales sobre arbitraje "están anticuadas" y equiparan este proeso con uno judicial, y otras, como la española, contemplan solo el arbitraje nacional, lo que no satisface las necesidades de los actuales intercambios transfronterizos.

Por ello, explican, los operadores económicos no han elegido nuestro país como sede de arbitraje internacional. En consecuencia, España debe dar una respuesta a este reto y promover el desarrollo de esta institución.

Lejos de la posibilidad de elaborar una legislación completamente nueva, los socialistas abogan por seguir de cera los trabajos de la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional en esta materia, que recientemente aprobó una Ley Modelo.

Esta Ley Modelo, aseguran, es una "base sólida" para armonizar y perfeccionar las diferentes leyes nacionales en la materia, regula todas sus etapas, y refleja un consenso mundial sobre los principios básicos de esta práctica.