La propuesta del Gobierno pasará a ser discutida ahora en la Comisión de Economía del Congreso con el único apoyo de los votos socialistas y la total oposición parlamentari, que encuentra el principal punto de fricción en la intención del Gobierno de librar de limitaciones la fijación de precios que hacen los profesionales por los servicios que prestan.

En la presentación del proyecto al Pleno que hizo el Ministro de Economía, Carlos Solchaga, aseguró que la futura ley respeta todos los derechos adquiridos por los profesionales durante la legislación de 1979 que ahora se sustituye, pero suprime algunas prácticas que limitaban la libre competencia, como la fijación de taifas mínimas y la potestad de los colegios para sancionar a sus miembros.

Con la nueva Ley de Colegios Profesionales, el Gobierno pretende que sean los tribunales civiles los que determinen qué castigo le corresponde a los profesionales que atenten contra la normativa de cada sector y los derechos del resto de ciudadanos, al tiempo que deja a las representaciones profesionales la elaboración de un código deontológico y el control necesario para que se cumpla.

Asimismo, abre la posibilidad de quelos titulados puedan ejercer su actividad en cualquier lugar del país, al margen de cuál sea el colegio en el que están registrados, mediante una colegiación única que sólo obliga a quienes lo hagan a dar cuenta de su actividad en el organismo colegial donde estén realizándolas.

Otro aspecto que la ley determina es la prohibición expresa para que los colegios puedan centralizar el cobro de tasas, de manera que sea la dinámica de la oferta y la demanda y la mejora de los servicios prestados la que impoga el precio que debe cobrarse.

Solchaga se mostró satisfecho con su propuesta legal y reiteró que beneficia a toda la sociedad, incluidos los profesionales a los que afecta la nueva regulación, al tiempo que expresó su confianza en que el trámite de la ley en comisión permita mejorar el texto remitido al Congreso por el Gobierno.

Por su parte, todos los partidos de la oposición, excepto el PP, señalaron que el proyecto del Gobierno "peca por defecto más que por exceso", al no incorporar una reguación que destaque las excepciones en las que pueden operar determinadas organizaciones profesionales con marcado carácter social.

Sólo el Grupo Catalán presentó un texto alternativo al del Gobierno que fue rechazado por la mayoría de votos socialistas, al tiempo que criticó el del Gobierno por ser contradictorio, al quitar unas tarifas mínimas con las que funcionan ahora estas organizaciones e imponer desde el Estado un sistema de precios máximos.