El PSOE denunció, en un encuentro con la prensa, que las comuniades autónomas han sido convocadas a una conferencia sectorial por el Ministerio de Fomento para presentarles el nuevo Plan de Vivienda que entrará en vigor el próximo 1 de enero "sin tener ni un borrador del plan".

Segun datos de Fomento, en 1998 descendieron un 3,7 por ciento las VPO terminadas, en el 99 un 17%, en el 2000 un 11,8% y en el primer semestre de 2001 un 21,6%.

Mientras que se han construído viviendas libres a un ritmo de 500.000 anuales, con incrementos de precios del 15% al año, e parte debido al afloramiento del dinero negro por la llegada del euro, señaló Narbona, los jóvenes y otros colectivos sociales desfavorecidos no pueden acceder a las viviendas de promoción privada ni tampoco a las VPO, porque no las hay.

Pero los promotores inmobiliarios ya saben que se está terminando un ciclo económico porque las tasaciones de vivienda se están ralentizando "y tardaremos dos años en tener dinero negro en euros", según la secretaria federal socialista.

MODELO AGOTADO

"Creemosque el modelo tradicional de política de vivienda está ya agotado", afirmó Narbona. "Había 2 millones de viviendas vacías en 1991 y habrá 4 millones de viviendas vacías en 2001".

El PSOE cree que ya "no se puede hacer política de vivienda sólo con la vivienda de nueva construcción y la fiscalidad", es decir, basada en la construcción de nuevas viviendas, cuando hay tantas desocupadas, y con deducciones fiscales a los que venden su vivienda para comprar otra y a aquellos que se hipotecan.

Los socilistas propugnan un mayor consenso entre Gobierno central y autonomías para diseñar un nuevo Plan de Vivienda que contemple no menos de 180.000 nuevas VPO por año frente a las 52.853 terminadas en el año 2000.

El Gobierno debería ajustar anualmente el precio máximo de las viviendas de protección para que los constructores no pierdan atractivo económico, según Narbona, pero también se deberían actualizar cada año las ayudas a las familias para que se garantice la accesibilidad a las VPO.

El nuevo lan tiene que fomentar la adquisición de viviendas usadas a precio análogo al de las VPO, algo legalmente posible que sólo se está desarrollando en Cataluña.

FOMENTAR EL ALQUILER

Narbona puso mucho énfasis en el fomento del alquiler de viviendas, nuevas y usadas. Para ello propone varias medidas. Para favorecer la construcción pública de viviendas para alquiler el PSOE es partidario de negociar con los bancos y cajas que una parte del crédito de los convenios que firman con las administraciones se dstine a la construcción de casas de alquiler o a la rehabilitación de usadas para este fin.

En cuanto a los pisos de segunda mano vacíos, el PSOE cree que hay que reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para potenciar el alquiler, subvencionando a los dueños de casas de renta antigua y favoreciendo fiscalmente el alquiler de viviendas usadas. Igualmente, Narbona invitó a promover los fondos y las sociedades de inversión inmobiliaria, que son modelos muy habituales en Europa, donde el alquiler de vivendas está muy extendido.

Además, como ya han planteado los socialistas a través de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002, debe bajar el IVA de las VPO y hay que dar incentivos fiscales a la movilización de suelo destinado a VPO.

Para atajar la carestía del suelo, Narbona señaló la necesidad de reformar una serie de leyes estatales "que hacen que se encarezca más" y dotar a los ayuntamientos de medios de financiación para que no utilicen el suelo como fuente principal d ingresos. La secretaria federal denunció como caso límite que el Ayuntamiento de Madrid está vendiendo suelo público para pagar gasto corriente.

En cuanto al fraude en las segundas transmisiones de VPO, Narbona propone igualar los precios máximos de venta de las viviendas protegidas ya existentes con los precios máximos que se establezcan cada año para las VPO de nueva construcción. De esta manera se declararía el precio real, según el PSOE.

Cristina Narbona denunció, asimismo, que el Ministeriode Fomento practica una política de opacidad informativa "inadmisible" sobre la evolución del Plan de Vivienda, por lo que pidió al Gobierno que se comprometa a facilitar "información periódica y completa" al Congreso, a las comunidades autónomas y a los parlamentos autonómicos.