Los socialistas consideran llegado el momento de desarrollar ese derecho para "sacarlo de la inanición y del anacronsimo" y darle "plena eficiacia como cauce de expresión y defensa de los intereses legítimos y como articipación ciudadana en las tareas públicas".

Además de incorporar al desarrollo de este derecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, los socialistas han redactado una norma que aporta coherencia a la tramitación de las peticiones a través del Congreso y del Senado.

Lo hacen regulando la participación de las comisiones de ambas cámaras en razón de la materia expuesta por los peticionarios, y permitiendo la audiencia a los interesados.

POR "E-MAIL"

También modifica en esta propuesta la forma de presentación de las peticiones, incorporando la posibilidad de plantearlas por correo electrónico o por fax cuando sean urgentes.

Los escritos podrán estar redactados en castellano o en otra lengua oficial, cuando las peticiones se dirijan a órganos o autoridades radicados en el territorio de las comunidades autónomas que tengan, además del castellano, otra lengua oficial.

La propuesta de los socialistas incluye también una relación de poderes públicos a los que se peden dirigir los ciudadanos, algunos de ellos creados tras la aprobación de la Constitución, en 1978.

La regulación propuesta por los socialistas reconoce el derecho de petición a los miembros de las Fuerzas Armadas y elimina cualquier posibilidad de sanción y perjuicio para los peticionarios por el hecho de ejercitar este derecho.