Esta disminución sería igual para los consumidores domésticos y para los industriales, según proponen los socialistas. De esta forma, los efectos serían favorables tanto para las familias como para el IPC y la competitividad industrial.

El Grupo Sociaista pretende además que la factura correspondiente refleje el gasto adicional que suponen para el consumidor "los costes de transición a la competencia realmente reconocidos por el Gobierno".

Estos costes ascienden, según los socialistas, al 8% de la tarifa, pero, "según determinó un informe de la CSEN (Comisión del Sistema Eléctrico Nacional), la cantidad reconocida podría ser sustancialmente inferior".

En la exposición de motivos, argumentan que la tarifa eléctrica ha mantenido una rebaja sostnida en términos reales hasta congelarse en 1996 y reducirse un 3% este año, de acuerdo con la reducción de los tipos de interés y su impacto en el resultado de las compañías.

La evolución del precio del dinero durante 1997 justifica "por si sola" una reducción de las tarifas superior a las previsiones del 2% recogidas en el Protocolo eléctrico.