En las propuestas del PSOE, a las que ha tenido acceso Servimedia, se justifica esta propuesta para "reforzar la defensa de la pluralidad en el sector", de forma conjunta a los "límites" establecidos en el proyecto.

En la norma del Gobierno, se fijaba que ningún operador podría concentrar más del 50% de concesiones y de cinco frecuencias en un mismo ámbito, ampliando los límites del 30% de concesiones y tres licencias actuales.

El PSOE quiere "resaltar que estos límites se calculan sobre el conjunto de radios gestionadas de forma indirecta", quedando excluidas las emisoras públicas.

Los socialistas, además, establecen sanciones de entre 60.000 y un millón de euros para aquellas compañías de radio o televisión que no tengan licencia de emisión, que "requerirá la previa concesión administrativa".

El incumplimiento, además de las sanciones, cuya cuantía variará en función del ámbito de cobertura de la emisión, los beneficios reportados al infractor y los daños causados, podrá conllevar, como medida provisional, el cierre de la actividad.

Las enmiendas del PSOE introducen también un artículo sobre infracciones y sanciones para preservar, por ejemplo, los derechos de la infancia.

Así, se considera falta muy grave la emisión, fuera del intervalo entre las diez de la noche y las seis de la mañana, o sin la advertencia sobre contenido, de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 500.000 euros y las muy graves podrían llegar al millón de euros y suponer la suspensión de la habilitación para prestar el servicio de televisión.

Las sanciones se impondrían, según estas enmiendas, teniendo en cuenta la repercusión social de la infracción, el beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada y la gravedad del incumplimiento.

Además, la Administración podría ordenar la difusión de la sanción al operador en el horario y formato determinado en la propia resolución.

Por último, el PSOE insta al Gobierno a, una vez oído el Consejo Nacional de la Discapacidad, adoptar las medidas necesarias "para garantizar desde el inicio la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital terrestre", ya que "resultaría inconcebible" que el nuevo servicio naciera "discriminando o excluyendo a las personas por razón de discapacidad".