El senador plantea al ministro de Economía, Rodrigo Rato, "si no considera más ajustado a derecho llegar a un acuerdo con el Defensor del Pueblo", en vez de crear una oficina de defensa del contribuyente "con una estructura administrativa irregular y unas funciones calcadas" de las que ya posee esta figura.

Granado asegura además que la selección de personal para la nueva oficina no puede realizarse entre personas ajenas ala Administración, porque es un órgano de la misma.

Añade que, si lo que pretende el ministro es nombrar directamente un alto cargo como responsable, "ello no hace sino forzar la dependencia del órgano y su responsable hacia quien le ha nombrado".