Lo anunció hoy el secretario de Organización del partido, José Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que se analizó este asunto.

Explicó que los socialistas someterán a debate en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se sugerirá también un aumento de medios de los que dispone la Fiscalía General del Estado para luchar contra este tipo de delincuencia.

Blanco defendió la actuación de la Junta de Andalucía y reiteró la tesis de que no existe margen para adelantar las elecciones municipales en Marbella, tal y como reclama el PP.

Los socialistas recuerdan que la disolución del ayuntamiento tiene que ser pedida por la Junta de Andalucía, como ya ha decidido, al Consejo de Ministros, que debe pronunciarse. Pero debe haber también un informe del Senado y otro de la Comisión Nacional de Administraciones Públicas.

El decreto de convocatoria de esas elecciones municipales adelantadas debería ser como mínimo 54 días antes de su celebración, y el último año antes de los comicios ordinarios, que tocan en mayo de 2007, no puede haber ninguna otra convocatoria.

Eso significa que no existe margen para ese adelanto, incluso en el caso de que el Consejo de Ministros celebrara reuniones extraordinarias y se aceleraran los plazos de informes.

GESTORA

Por todo ello, los socialistas respaldan la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de disolver el ayuntamiento y crear una gestora, cuyo nombramiento sería competencia de la Diputación de Málaga.

Blanco reiteró que si la justicia ha podido actuar "con contundencia" y destapar esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha sido en gran parte gracias a las más de 400 denuncias y más de 200 requerimientos presentados por la Junta de Andalucía y a que ahora la Fiscalía actúa, mientras que en los años de Gobierno del PP "miraba para otro lado".

"No se puede mantener una posición acusatoria cuando los delitos se producen en el ámbito de otros, en este caso del GIL, y relajada y tolerante, incluso defensora, cuando los imputados son del propio partido", alertó Blanco, que denunció así lo que considera "doble moral, una ley del embudo" aplicada por el PP.

La trama de Marbella, añadió, no se ha destapado "por obra y gracia del Espíritu Santo", sino por la diligencia de los fiscales al analizar las denuncias presentadas durante años de decisiones urbanísticas "turbias y sospechosas".

Con este escenario, Blanco aseguró que lo prioritario es "llegar hasta el fondo" de la investigación y la depuración de responsabilidades, y la normalización de la vida municipal.

José Blanco no quiso concluir su intervención sin recordar a los ciudadanos que, frente a lo ocurrido en Marbella, en España hay miles de concejales dedicados a desempeñar su tarea con honradez y en muchos casos sin más remuneración "que el orgullo de mejorar la vida de sus municipios".