En un comunicado de prensa, el PSOE indica que esta propuesta es una de las primerasiniciativas del Grupo Parlamentario Socialista en la VII Legislatura, después de que el Congreso de los Diputados la rechazara tres veces en la pasada legislatura, tras varios empates y con un solo voto de diferencia.

El texto recoge los tres supuestos legales para la interrupción voluntaria del embarazo: peligro para la salud de la madre, ataques a la libertad sexual o presencia de malformaciones en el feto, y establece un nuevo supuesto en el que se exige la existencia de un conflicto personal, famiiar o social para la mujer de gravedad semejante a los anteriores.

El plazo máximo permitido para interrumpir el embarazo son las doce primeras semanas de gestación y la tutela de la vida embrionaria se lleva a cabo mediante el asesoramiento de la mujer en uno de los centros establecidos al efecto.

El Grupo Socialista entiende que ésta es la solución legislativa más adecuada a nuestro modelo constitucional y a la interpretación que de él ha hecho el Tribunal Constitucional, "ya que establece un euilibrio ponderado entre el respeto de los derechos de la mujer y la protección del bien jurídico del no nacido".