El secretario de Ciudades y Política Muncipal del PSOE, Alvaro Cuesta, denunció en rueda de prensa que ese anteproyecto con el que "amenaza" el Gobierno pretende consagrar los objetivos de déficit cero en todos los presupuestos, tanto de comunidades autónomas como de corporaciones locales estableciendo unos criterios rígidos de fiscalización que se concentran en el ámbito del Ministerio de Hacienda. En su opinión, esta iniciativa "desconoce realidades elementales del marco territorial del Estado", es "claramente centralista, incurre en planteamientos muy serios de inconstitucionalidad, vulnera las competencias de las comunidades autónomas y viola el principio de autonomía local".

Cuesta resaltó que con ese anteproyecto el Gobierno pretende hacer política de "cosmética" a costa de los ayuntamientos o "asfixiarlos" financieramente, lo que, en su opinión, ya viene ocurriendo con el Gobierno delPP.

En este sentido, señaló, a modo de ejemplo, que en los últimos Presupuestos Generales del Estado no se ha tratado económicamente de manera adecuada la subvención al transporte público urbano, ya que no se ha tenido en cuenta el incremento del precio de los combustibles, lo que ha generado que el Gobierno no sube las subvenciones y traslada el problema a la comunidades autónomas y a los propios ayuntamientos, a los que luego les pretende exigir que cumplan objetivos de déficit cero. El resultado enMadrid ha sido un aumento superior al 7% en el precio del transporte público.

Asimismo, señaló que este anteproyecto "pretende poner el carro antes que los bueyes", ya que, en su opinión, antes hay que resolver de manera pactada el sistema de financiación autónomica y un sistema adecuado, estable, de financiación local.

Los socialistas piden en la moción que el Ministerio de Hacienda renuncie a tramitar el citado proyecto de ley; que, con carácter previo, se acometa, negocie y defina los nuevos sstemas de financiación autonómica y de las corporaciones locales; que cualquier futura ley de estabilidad presupuestaria respete los principios de coordinación, cooperación y mutuo acuerdo entre las distintas instituciones del Estado, en los términos establecidos por la Constitución, y que dé solución a las reducciones de ingresos e incrementos de gastos que se produzcan en las corporaciones locales como consecuencia de políticas e iniciativas legislativas de la Administración del Estado.