El texto propuesto por los socialistas devuelve a los extranjeros el ejercicio del derecho fundamental de asociación, derogando expresamente el artículo 8 de la Ley de Extranjería.

Además, en la propuesta socialista se establecen garantías para el funcionamiento democrático de las asociaciones en la regulación de los estatutos y mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.

También se refuerzan los principios de igualdad y no discriminación, de tal forma que ls asociaciones que practiquen la discriminación en su funcionamiento por razón de sexo o contra minorías étnicas no podrán beneficiarse de ninguna ayuda estatal.

En el proyecto socialista se establecen planes plurianuales de ayuda al asociacionismo que garantiza la independencia de las asociaciones frente al Gobierno.

Asimismo, se propone la creación del Consejo Superior de Asociaciones como órgano consultivo del Gobierno y se superan aspectos trasnochados de la ley anterior, como el control del egistro de asociaciones que pasa de Interior a Presidencia o el reconocimiento del derecho de asociación a los miembros de la Guardia Civil, a los que a se reconoce este derecho en virtud de algunas sentencias judiciales.