Los dos grandes partidos políticos, junto a Coalición Canaria, paralizaron una iniciativa parlamentaria que contó con el respaldo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Grupo Mixto y las principales formaciones nacionalistas (incluidas CiU y ERC).

El diputado del Partido Socialista Álvaro Cuesta rechazó la propuesta porque en estos momentos lo más oportuno es mantener una política antiterrorista de "firmeza" y advirtió de que con esta materia "no es bueno hacer bromas" de ningún tipo.

Cuesta explicó que el PSOE no tiene ninguna intención de afrontar ahora una modificación del Código Penal porque, entre otras cosas, el programa electoral con el que concurrió a las generales de 2004 prometía preservar los cambios consensuados con el Partido Popular durante la segunda legislatura de José María Aznar.

Asimismo, apostó por llevar a cabo una "reflexión en general" sobre el Código Penal para su posterior actualización antes de entrar a cambiar pequeños detalles sobre los que el Tribunal Constitucional ha recomendado variaciones sin establecer una "redacción concreta".

Cuesta rechazó así el principal argumento que había aducido la diputada del PNV Margarita Uría para llevar a cabo una rebaja en el Código Penal del delito de colaboración con banda terrorista, ya que sacó a relucir una sentencia del alto tribunal de 1999 que "obliga a revisar la configuración legal del delito de colaboración con banda armada al objeto de ajustarla (...) desde la perspectiva del principio de proporcionalidad".

Uría denunció que el Partido Popular impulsó durante el primer mandato de Aznar una proposición no de ley encaminada a corregir las irregularidades detectadas por el Tribunal Constitucional, si bien posteriormente acabó "en vía muerta" sin llegar a aplicarse.

El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Justicia y Seguridad, Ignacio Astarloa, rechazó la iniciativa peneuvista al entender que el delito de colaboración con banda terrorista "naturalmente tiene que estar en el Código Penal".

Astarloa defendió que pueda condenarse a penas de entre cinco y diez años de cárcel a aquellas personas que lleven a cabo labores de vigilancia de posibles víctimas, que oculten a miembros de una organización terrorista o que presten apoyo de cualquier índole a este tipo de bandas.

Finalmente, el dirigente popular aseguró que todos los miembros de su partido se sienten "orgullosos" de haber introducido reformas en el Código Penal junto al Partido Socialista para perseguir a quienes colaboran con una banda terrorista puesto que considera que ese es el camino que puede llevar al Estado a triunfar ante ETA.