Así se desprende de las intervenciones de los grupos durante el debate sobre esa petición, que fue respaldada por CiU con su firma para permitir el debate de ese punto en la Diputación Permanente.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, juzgó "irregulares" las circunstancias de esas detenciones, al menos de dos, entre otras cosas porque la diligencia inicial del juez de instrucción era un registro domiciliario y debe aclararse cómo se convirtió en una detención.

Uno de los detenidos, aseguró, tiene 81 años y para su arresto acudieron 13 agentes con ocho vehículos, un dispositivo "desproporcionado" teniendo en cuenta que, si se le hubiese notificado la diligencia, "la hubiera realizado voluntariamente después de ir a la misa de doce del domingo".

El otro fue detenido en su propio garaje por agentes de paisano de tal forma que incluso algunos de sus vecinos acudieron a la Guardia Civil a denunciar su secuestro.

Olabarría juzgó necesario que el ministro explique esas circunstancias y aclare también si se cumplió el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a informar inmediatamente al detenido sobre sus derechos.

El portavoz socialista, Ramón Jáuregui, expresó su posición contraria a la comparecencia por entender que hay que dejar trabajar a los jueces. Alertó además de la necesidad de investigar indicios de delito, como es este caso, y de subrayar que la alarma debe ponerse en el hecho de que ETA reciba recursos de empresarios "para matar a los demás".

El PNV había incidido en que esos detenidos deben ser considerados ante todo víctimas de ETA, y Jáuregui respaldó esa tesis.

No se puede acusar a quien paga por miedo, dijo, pero hay que reconocer también, recordando a Bertold Brecht, que esos empresarios son "buenos", pero los "insustituibles" son los que se resisten y no pagan.

El portavoz del PP, Federico Trillo, rechazó también la comparecencia porque son los jueces quienes tienen que aclarar esas circunstancias y, mientras la investigación esté en sus manos, "no es función" del Parlamento.

La petición del PNV fue respaldada por el portavoz de CiU, Pere Macias; por el de ERC-IU-ICV, Joan Ridao; y por el del BNG, Francisco Jorquera.