Fuentes de ambas formaciones políticas consultadas por Servimedia explican que “de momento” siguen “trabajando en ello” y “avanzando”, aunque esperan que esta vez sí se pueda llegar a un acuerdo global que posibilite esta reforma de la Carta Magna en la que tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición están comprometidos.

En todo caso, desde el PP insisten en la necesidad de canalizar esta reforma con “garantías suficientes” de que “se ciñe” al artículo 49 de la Constitución, asegurando que “nadie” pretenda utilizarla para otras cuestiones que nada tienen que ver con la discapacidad y la necesidad de eliminar el término ‘disminuidos’ del texto constitucional.

Por ello, tanto el PSOE como el PP están hablando con los otros grupos políticos, persistiendo de esta forma en la “búsqueda de garantías” para conseguir un amplio consenso parlamentario, aunque de momento el pacto global no está cerrado.

El pasado 25 de enero, el Gobierno y el PP coincidieron en la “necesidad” de modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuidos’ y hablar de ‘personas con discapacidad’, encomendándose a seguir los contactos con el fin de cerrar un "texto pactado" entre ambos y con el resto del Congreso que se ciña a esta cuestión.

Desde entonces, siguen intentando lograr ese “texto pactado” con el resto de fuerzas políticas en un asunto “importante” y al que se dio “prioridad” en el inicio del año. De hecho, tras este encuentro con el PP, el Ejecutivo tuvo reuniones con representantes del resto de partidos, aunque no con Vox porque no respondió a la llamada, según fuentes gubernamentales consultadas.

La reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada por Consejo de Ministros en mayo 2021, estaba paralizada en su trámite parlamentario ante la necesidad de un acuerdo entre los dos principales grupos de la Cámara por tratarse de una modificación que requiere de una mayoría de 3/5 de los diputados.

Precisamente, sigue sin haber fecha para culminar el trámite parlamentario, para lo que habría que convocar una reunión de la Comisión Constitucional en la que se dé luz verde un texto para elevarlo al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.