La familia de la joven entregó hoy al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Alvaro Cuesta, y el portavoz popular en esa comisión, Ignacio Astarloa, 1.100.000 firmas de apoyo a su propuesta, que ambos coincidieron en que debe ser atendida desde un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.

La madre de la víctima, María del Mar Bermúdez, explicó a los periodistas antes de reunirse con los diputados que, aunque su hija ya no podrá beneficiarse de esta reforma, confía en poder ayudar a otras víctimas, por lo que pidió la "implicación" de todos los partidos políticos.

La voluntad de los familiares de la joven, que han recibido apoyo de más de un millón de personas de todo el país y del extranjero, es que en el caso de delitos violentos se homologue el trato de quienes cometieron el delito cuando eran menores al del resto de los presos, una vez que cumplen los 18 años.

El socialista Alvaro Cuesta recalcó, tras concluir la reunión, que el Ejecutivo socialista ya se había comprometido tanto a mejorar esta ley como a aprobar una Ley de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos, que vaya más allá de la ayuda económica.

Mostró además su "máxima comprensión" a los familiares de la joven y su compromiso de trasladar las firmas a la Comisión, ya que en caso de reformas de leyes orgánicas no se puede usar el procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular, y han de ser los grupos parlamentarios los que presenten la propuesta.

Anunció que hablará con el resto de los grupos para que haya consenso en esta materia, con el fin recabar el máximo acuerdo en una iniciativa que pretende "acabar con los espacios de impunidad".

NO POLEMIZAR

Astarloa, por su parte, manifestó su disposición a elaborar una iniciativa conjunta, porque no es un tema para "polemizar", y reflexionar sobre diversas reformas en la Ley del Menor, como el agravamiento de las sanciones para los delitos más violentos, o la modificación del plazo de reclusión provisional.

También quiere estudiar la posibilidad de que cuando cumplan los 18 los jóvenes condenados cuando eran menores pasen a centros penitenciarios; y permitir la personación de los afectados en todo el proceso, no sólo el juicio sino también el seguimiento de las medidas que se aplican al agresor.

Por último, propone abordar los tipos de medidas previstas en la Ley del Menor, ya que la experiencia acumulada en la corta vida de esta norma permitirá hacerlas más adecuadas, con la posible fracción de los tramos de edades entre los que van de 14 a 16 y de 16 a 18.