Una vez convalidado, el proyecto del Gobierno se tramitará en el Congreso como una ley y podrá ser modificado con las enmiendas parciales que cuenten con el apoyo de la mayoría socialista.

Durante el debate, el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, justificó la urgencia del decreto señalando que el aumento de un punto en las otizaciones de los empresarios para el desempleo, que entró en vigor este año, "no estaba siendo suficiente para atajar el déficit del INEM".

El ministro calificó el debate, que contó la presencia del presidente del Gobierno, Felipe González, como un "trago" para el Gobierno, pero insistió en que las medidas del decreto son necesarias para garantizar la continuidad de la protección por desempleo.

"Merece la pena pasar tragos como éste de hoy", dijo, "porque estamos convencidos de que dejamos en e horizonte la posibilidad de seguir manteniendo un sistema de seguridad y cobertura para los parados".

En su intervención, Martínez Noval criticó a los sindicatos y reprochó a sus responsables que ahora estén firmando convenios colectivos con incrementos salariales similares a los previsto en el Programa de Covergencia "cuya negociación abandonaron las centrales".

Asimismo, negó que el Gobierno esté acabando con la cobertura del paro. Adujo que "hoy somos, probablemente, el país de la OCDE que má dinero destina a las prestaciones por desempleo. Si atendieramos a los requerimientos de los agentes sociales, sería pan para hoy y hambre para mañana".

IU: "NO PODIAN HACERLO PEOR"

La crítica más dura contra el decreto del Gobierno la realizó el portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, quién afirmó que, "con esta medida, el Gobierno ha realizado una de las acciones más gravosas y extremistas contra los trabajadores de este país".

Acusó a los titulares de Economía y de Trabajo de haber edactado una norma que "retuerce el cuello al artículo 86 de la Constitución", que prohibe regular por decreto cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El dirigente de IU afirmó que, si el Ejecutivo pretendía un diálogo con los partidos políticos y los sindicatos sobre política de empleo, "no podía haberlo hecho peor". A continuación, preguntó a Martínez Noval y al Grupo Socialista si "piensan, de verdad, que el país se va a creer que el único sitio en el que se puede redcir el déficit es en los gastos por desempleo".

"Es increible, y de una irresponsabilidad política impresionante, que un Gobierno que se inscribe en la línea de los partidos socialdemócratas europeos, sea incapaz de articular un diálogo social con los sindicatos", recalcó.

También la portavoz del Grupo Popular, Celia Villalobos, censuró la política económica del Gobierno y al alcance del llamado "decretazo", que denota, según la diputada, la "torpeza" del Gobierno para conseguir el consenso de lo agentes sociales.

Dirigiéndose al presidente del Gobierno, Villalobos dijo que las reacciones de los miembros de su gabinete sobre el decreto "son estúpidas y arrogantes provocaciones que conducen a la huelga general". Opinó que al Ejecutivo "le falta lo que hay que tener" para afrontar un debate sobre la idoneidad de su política para cubrir los gastos sociales.

El portavoz del CDS, José Ramón Caso, dijo que, si los recortes no se acompañan de limitaciones a la temporalidad de los contratos, "nose reducirá la rotacion en el empleo que es, según las explicaciones del Gobierno, la causa del déficit en el INEM".

El representante de CiU, Rafael Hinojosa, anunció el apoyo de su grupo a la medida del Gobierno, pero adelantó que presentarán enmiendas en cuestiones para mejorar el tratamiento de los fijos-discontinuos, los temporeros del campo, el sector de la hostelería y los contratos de prácticas y en formación.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Arnau, negó que la medda adoptada por el Gobierno sea una "sorpresa" para la sociedad, ya que el propio Felipe González anunció la reforma del INEM en el último Debate del Estado de la Nación.

Arnau explicó que su grupo estará abierto a las enmiendas que los demás grupos presenten para evitar injusticias en la aplicación del decreto, pero advirtió que será sobre la base de la propuesta del Gobierno y "sin torcerse de su objetivo: reducir el déficit del INEM".