En su exposición de motivos, los socialistas exponen que un total de 49.171 menores fueron atendidos por el sistema público de protección a la infancia en 2020, según el Observatorio de la Infancia.

Este sistema tiene como objetivo proteger a los chavales que estén en situación de riesgo y desamparo, y de los que la Administración Pública asume su tutela para garantizar en última instancia que crecen en un entorno de estabilidad y seguridad, imprescindible para su desarrollo integral.

Entre las medidas de protección que puede adoptar la administración, se encuentra el acogimiento familiar, que implica que la entidad pública otorga la guarda del menor de edad a una persona o núcleo familiar que tiene la obligación de proporcionarle una vida familiar, cuidándole, dándole afecto, atendiendo sus necesidades y garantizándole una formación integral.

En este proceso, según el PSOE, “siempre prima el interés superior de las niñas, niños y adolescente, y el respeto a sus derechos de acuerdo con la legislación nacional e internacional en materia de protección a la infancia”.

Tras recordar la legislación nacional e internacional en materia de protección a la infancia, los socialistas señalan que España es el quinto país de la UE con un porcentaje mayor de niños tutelados en centros residenciales, según Eurochild y Unicef.

A su vez, un total de 18.892 se encontraban en situación de acogimiento familiar en 2020, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2019.

También ponen de manifiesto que se mantiene el predominio del tipo de acogimiento dentro del ámbito familiar del menor de edad, frente a las familias ajenas, y la acogida con carácter permanente sobre el resto de las modalidades.

Del año 2020, los socialistas indican que “llama la atención el incremento de acogimientos de carácter urgente” y la disminución, en un 15,31%, de los ofrecimientos de acogimientos familiares, siendo levemente superior el número de ofrecimientos en el ámbito familiar del menor (1.102) que en familia ajena (1.102), modificándose la tendencia de años anteriores.

Al mismo tiempo, sólo el 6% de las bajas en los centros de menores son por paso a acogimiento familiar y el 11% por reintegración familiar.

Por su parte, únicamente el 9% de los menores tutelados con discapacidad se encuentra en una situación de acogimiento familiar.

Ante esta situación, el PSOE considera necesario poner en marcha “políticas públicas de acogimiento familiar más efectivas, como uno de los elementos que ayuden a la hora de abordar el necesario proceso de desinstitucionalización de la infancia y adolescencia en España”.

También ve oportuno impulsar, junto con las comunidades autónomas, las medidas que hagan posible “una verdadera transición” desde el modelo de acogimiento residencial, predominante en España, hacia el modelo de acogimiento familiar, con el objetivo de que “no haya niñas, niños y adolescentes institucionalizados en España y, de este modo, hacer realidad su derecho a crecer en familia”.

Por todo ello, el PSOE busca, a través de su proposición no de ley, acordar, junto con las comunidades autónomas y en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, “un plazo concreto para lograr que ningún niño o niña menor de 6 años se encuentra acogido en un centro residencial”.

Los socialistas también pretenden que se potencie el acogimiento familiar y el reconocimiento institucional de las familias acogedoras y utilizar la futura Ley de Familias para seguir equiparando los derechos laborales y sociales, vinculados al cuidado de los menores de edad que se reconocen a las unidades familiares con hijos biológicos o adoptados, a las familias acogedoras.

También aspiran a reconocer el derecho de las familias acogedoras a recibir asesoramiento y apoyo continuado con carácter previo al acogimiento y durante los años que dure el mismo; acelerar los trámites para que los chavales de origen extranjero que se encuentran en situación de acogimiento puedan renovar sus residencias y/o solicitar la adquisición de la nacionalidad española cuando alcancen la mayoría de edad; impulsar campañas informativas sobre los tipos de acogimiento familiar; fomentar el acogimiento familiar especializado; seguir con la puesta en marcha junto con las comunidades autónomas de la aplicación web que desarrolla el ‘Mecanismo Interterritorial de Asignaciones’; y promover medidas de apoyo social y prestaciones para la preparación a la vida independiente de los adolescentes que hayan estado en situación de acogimiento familiar.