En los escritos presentados por el Grupo Socialista se piden las tres comparecencias "para dar cuenta del llamado plan de opciones sobre acciones, aprobado por Telefónica en febrero de 1997 con el objetivo de remunerar la fidelidad de sus altos cargos".

Caldera calificó esa operación de "pelotazo" y anunció que el Grupo Socialista quiere saber si cuando se adoptó ese acuerdo -la empresa era pública- lo conoció el Gobierno y si lo autorizó.

"Queremos conocer la transparencia de este acuerdo, si se informó adecuadamente a la Comisión del Mercado de Valores, qué regimen fiscal van a tener estas ganancias de los directivos", dijo Caldera, y que el Gobierno "se explique, que venga a esta Cámara y que diga si le parece ético y aceptable que cien directivosse lleven 45.000 millones de pesetas". "Creo que los ciudadanos españoles estarán conmigo en que esto es un verdadero escándalo".

Según publicó "Cinco Días", el plan de opciones sobre acciones que lanzó Telefónica en febrero de 1997 para premiar la fidelidad de 100 altos directivos repartirá el próximo 25 de febrero (vencimiento del último tramo) entre 30.000 y 45.000 millones de pesetas. Se trata de las plusvalías acumuladas con la actual cotización de los títulos de la operadora.

Caldera quieretambién que el Gobierno explique si es cierto, como decía el citado periódico, que "preocupado por lo inoportuno de la fecha de reparto del premio, semanas antes de las elecciones generales, intenta que Telefónica consiga de los más importante beneficiarios un aplazamiento hasta abril del ejercicio de los derechos de cobro derivados del plan".

"Eso demuestra", dijo Caldera, "que el Gobierno quiere ocultar esta operación y que sabe que va a tener un impacto muy negativo en la opinión publica. Es un comortamiento cínico, porque el Gobierno no discute el que se pueda repartir una cantidad de dinero tan abultada para una serie de directivos, sino que quiere ocultarlo y que se sepa después de las elecciones".

Fuentes de Telefónica consultadas por Servimedia no quisieron hacer ningún comentario sobre las acusaciones lanzadas por el Grupo Parlamentario Socialista.