La proposición pretende que las actuaciones del Gobierno para cumplir con el convenio sobre cambio climático tegan en cuenta un proyecto de ley de ordenación de la edificación que vincule las ayudas públicas a la vivienda al cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética establecidos en la directiva europea SAVE.

LEY DE RESIDUOS

La diputada Cristina Narbona, portavoz socialista de Medio Ambiente, presentó esta tarde esa proposición no de ley, así como la enmienda de totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de Residuos, cuyo debate de totalidad se celebrará el próximo jueves.

Narbona clificó de "triunfalismo hueco" que la ministra de Medio Ambiente defina esta ley como "la ley del siglo XXI" y "la ley de residuos que España necesita", porque, en su opinión, "ninguna de las afirmaciones son correctas".

La portavoz socialista precisó que el proyecto de ley ignora los planteamientos más recientes de la Unión Europea en esta materia, con la excusa de "limitarse a transponer" una directiva de 1991. No es una ley ambiciosa ni de futuro; nace corta y obsoleta", sentenció.

Asimismo sealó que el proyecto de ley "ignora los problemas reales de la implementación de la política de residuos en España: no aborda con seriedad la necesidad de coordinación entre Administraciones ni de aplicación de recursos presupuestarios, ni establece fórmulas que garanticen el cumplimiento de la norma por parte de los productores y gestores de residuos".

En su texto alternativo, el PSOE propone la creación de un "fondo ambiental", con dotación anual en los presupuestos del Estado y se apuesta por el estblecimiento de figuras tributarias que penalicen la generación y la toxicidad de los residuos, previo acuerdo con las comunidades autónomas.

Asimismo, la enmienda socialista propone que se obligue a dar "información pública" sobre la generación y el tratamiento de los residuos; la obligación a productores y gestores de residuos a establecer "planes para la reducción de su cuantía y de su toxicidad" y la creación del Cuerpo de Alta Inspección para atender las competencias de control en materia de residos que corresponden a la administración central, así como para colaborar con los cuerpos de inspección de las comunidades autónomas.