Según argumenta el PSOE en la iniciativa, la Ley del IRPF establece que mantendrán su condición de contribuyentes por este tributo las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su residencia fiscal en el Principado de Andorra.

Este criterio afecta a los residentes españoles en los llamados paraísos fiscales, tanto en el periodo impositivo enel que efectúan el cambio de residencia como en los cuatro periodos impositivos siguientes.

Sin embargo, el PSOE asegura que, aunque la medida prevista por la ley tiene una voluntad evidente de lucha contra el fraude fiscal, presenta el grave inconveniente de no diferenciar entre las personas que han establecido su residencia en alguno de estos países o territorios por motivos estrictamente laborales y los que trasladan o fingen trasladar su domicilio con la finalidad de pagar menos impuestos.

Ensu opinión, la obligatoriedad de efectuar la declaración del IRPF por parte de los trabajadores asalariados españoles en Andorra representa una injusta discriminación, ya que les coloca en una situación de inferioridad respecto a colonias de otros países de la Unión Europea que no están obligados a declarar el impuesto.