Marín solicitó dichos informes al Gobierno el pasado 26 de febrero. Su petición fue respondida el pasado 14 de mayo, ya ampliamente rebasado el plazo de 30 días que establce el Reglamento del Congreso para estos casos.

En su respueta, el Ejecutivo argumentaba que "la información que se recibe reservadamente de las embajadas es parte esencial del proceso de toma de decisiones que corresponde al Gobierno como director de la política exterior, sin que forme parte de expediente administrativo alguno".

El Gobierno consideraba en su respuesta que tales documentos no pueden incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 7 del Reglamento del Congreso que regula la petiión de información al Ejecutivo por parte de los diputados.

El dirigente socialista comienza por citar textualmente el contenido de dicho artículo, que faculta a los diputados para "recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas".

Entiende Marín que la redacción de dicho artículo no pone limitación alguna en cuanto a la naturaleza del documento que se solicita. Por ello, hace mofa del "paladino desconocimiento" por parte del Gobierno de las nrmas de la Cámara y se reafirma en su petición.

Para los socialistas, esta petición está dentro de las funciones de control que tiene asignada la oposición y, en su opionión, no hay ningún dato que avale el carácter reservado de dichos informes.

En este sentido, Marín argumenta que no conoce otros documentos reservados "que aquéllos que lo son por mandato legal o porque así lo haya establecido el Consejo de Ministros cuando los clasifica". A su juicio, la consideración de secreto no afecta a los ocumentos relativos al viaje de González a Marruecos, ni a la entrevista que mantuvo con el primer ministro marroquí, Abderramán Yusufi, y que resultó ser falsa.

El portavoz socialista recuerda también "el empeño" del Gobierno en que compareciera en sede parlamentaria el director del Cesid (actual CNI) en sesión pública, ante lo cual se pregunta: "¿será que las informaciones de los servicios secretos son públicas y las de las embajadas, secretas?".

En conclusión, indica que el Reglamento del Congeso no prevé limitación alguna para la petición de documentos al Gobierno que las que establece la normativa para los documentos secretos y por ello pide a la Mesa de la Cámara que "requiera" del Ejecutivo estos documentos "en el plazo más breve posible".