Este es uno de los puntos contenidos en el documento sobre la Justicia que el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, entregó al presidente del Gobierno, José María Aznr, el pasado 17 de febrero.

Junto a la reforma del procedimiento civil, los socialistas proponen una revisión "a fondo" del penal, que pase por encomendar la instrucción del proceso al fiscal y, entretanto, atribuir a un tribunal pluripersonal la capacidad de adoptar medidas cautelares.

Asimismo, proponen la revisión del secreto sumarial para que su mantenimiento o infracción no perjudique a los imputados; de la acción popular y de personación por parte de personas distintas a los afectados, y delos mecanismos de abstención y recusación, de forma que se evite la imposición de un juez objetivamente no imparcial y el uso fraudulento de estas instituciones para eludir la acción de la justicia.

En este apartado, plantean también la reconducción del "ámbito de reacción penal" para evitar la politización de la justicia, y la estabilidad del Código Penal y del sistema de justicia a través de jurado.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), defienden el mantenimiento de elección prlamentaria de sus miembros, el fortalecimiento de sus facultades y capacidades disciplinarias, y el incremento de sus competencias en la formación y selección de jueces.

MAS MERITO Y MENOS ANTIGUEDAD

En coherencia con el fortalecimiento del CGPJ, los socialistas quieren que se contemple su propia responsabilidad y las posibilidades de que sus miembros comparezcan en el Congreso de los Diputados.

El documento propone también revisar los criterios de ascenso y asignación de los destinos de los jeces y magistrados, así como el incremento de la atención al mérito y la capacidad, en detrimento de la antigüedad.

Los socialistas defienden también el mantenimiento de los sistemas plurales de acceso a la carrera judicial mediante los distintos "turnos" y la definición "precisa" del régimen disciplinario de jueces y magistrados.

Finalmente, se adhieren a las propuestas del Libro Blanco de la Justicia y ofrece al PP un pacto presupuestario para garantizar la disponibilidad de los recursos suficintes que permitan la modernización de la infraestructura judicial, por encima de la coyuntura económica.

La justicia es un elemento "esencial" del Estado democrático y, cuando falla, "todo el sistema democrático se debilita". "Ahora, parece indudable que la Justicia está fallando", argumentan los socialistas en el documento.

En opinión del PSOE, la ineficacia actual de la justicia deriva, especialmente, de la "inadaptación de los procedimientos a las necesidades de una sociedad desarrollada, de u número insuficiente de jueces, de un inadecuado reparto de tarreas entre quienes trabajan en la administración de justicia, y de una falta de recursos y presupuesto".