El Grupo Socialista expone que la entrada en vigor de la ley aprobada por el Parlamento Catalán plantea el problema del cauce procesal adecuado para la resolución de diversos problemas para los que puede o debe de reclamarse la intervención judicial.

En este sentido, argumenta que, "dado que la competencia legislativa en materia procesal es competenca exclusiva del Estado, resulta necesario llevar a cabo las reformas procesales que provean la solución de los problemas suscitados por la manifiesta inadecuación del procedimiento civil de menor cuantía a la resolución de cuestiones que claramente pertenecen al ámbito del Derecho de Familia, para el que existen procedimientos especiales".