La citada normativa establece una prohibició expresa de que los trabajadores acogidos al desempleo agrario AEPSA no repitan contratación con las administraciones locales hasta transcurridos 3 años desde la finalización de un anterior contrato de esa naturaleza.

Los socialistas entienden que los ámbitos territoriales en los que existe el AEPSA se caracterizan por sufrir una fuerte depresión económica y por contar con pocas estructuras económicas capaces de generar empleo eventual, lo que hace de las administraciones locales las primeras generadoas de empleo temporal.

Por tanto, la violación de la prohibición de suscribir contratos temporales con las administraciones locales en un plazo inferior a 3 años provocaría la pérdida de la cobertura del AEPSA para los jornaleros, que es lo que los socialistas piden ahora reformar.