Así se refleja en una moción que el PSOE defenderá en el pleno de la próxima semana, según explicaron hoy en rueda de prensa el portavozsocialista en la Cámara Alta, Juan José Laborda, y la senadora de este grupo Carmen González.

Laborda defendió la necesidad de que el Ejecutivo español preste la asistencia jurídica precisa a aquellos ciudadanos españoles que han delinquido en países que no gozan de las garantías judiciales propias que sí existen en España.

"Queremos extender esta protección", explicó el portavoz socialista, "a aquellos ciudadanos españoles que se enfrentan a una petición de pena de muerte".

A este respecto,aludió al caso de Joaquín José Martínez para reiterar la importancia de revitalizar "algunas corrientes de solidaridad", tanto por parte de las instituciones públicas como, en su conjunto, de la sociedad española, en torno a casos como éste.

Por su parte, la senadora Carmen González explicó que su propuesta "está basada en la Constitución", que establece el derecho de todos los españoles a un juicio justo y a un mínimo de garantías jurídicas.

En tal sentido, indicó su convencimiento de que actualente España "está en condiciones económicas y humanas" de llevar a cabo la defensa jurídica de los 1.300 presos españoles que se encuentran en cárceles extranjeras y, "en la mayoría de los casos, con muy pocas garantías de una justicia gratuita", apuntó.

La moción insta al Gobierno a que, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, proporcione mil millones de pesetas para sufragar los gastos de asistencia jurídica que garanticen al número de presos citado "una defensa digna".

De igual modo, l moción reclama con carácter de urgencia que el Gobierno estudie los mecanismos precisos para dotar de asistencia jurídica gratuita a todos los españoles sometidos a procesos penales en el extranjero, sobre todo, para quienes han de enfrentarse a aquellos sistemas judiciales que no reúnen el estándar de derechos fundamentales recogidos en la Constitución española.