La iniciativa, que fue presentada por el portavoz de Defensa, Pedro Moya, se fundamenta en lo que ya señala el propio Reglamento de la PSS, que fija un plazo máximo de un año para que el objetor se incorpore a sus actividades.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Moya dijo que en la actualidad "existe cobertura jurídica suficiente para que la Administración pueda resolver la caducidad de los expedientes administrativos de estos jóvenes".