Concretamente, los socialistas quieren saber si los datos que contiene la información emitida por el TAIR preservan el derecho a la intimidad del paciente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

También se interesan por si el Ministerio de Sanidad y Consumo está legitimado para ceder la base de datos del TAIR a una entidad ajena a la administración sanitaria pública, como e el caso del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.

Además, el PSOE quiere conocer si la disposición de la base de datos del TAIR unida a la base de datos de la prestación farmacéutica, por parte de los colegios de Farmacéuticos, está amparada en la legislación vigente o constituye una vulneración de la misma.

Otra cuestión que interesa al PSOE es si caben otros usos de la base de datos del TAIR susceptibles de ser autorizados por el Insalud, como se prevé en la cláusula sexta del Conciert firmado por el presidente ejecutivo del Insalud, el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social y el presidente del Colegio General de Farmacéuticos, el 17 de noviembre de 1998.

Finalmente, los socialistas quieren saber cuáles son las consecuencias del pleno funcionamiento del TAIR, desde 1997 hasta la promulgación de la orden ministerial de 19 de enero de 1999, y las responsabilidades exigibles por la utilización que durante ese tiempo se haya podido realizar de los datos sanitaros contenidos en el mismo.