Según esta propuesta del PSOE a la que tuvo acceso Servimedia, la citada fiscalización, que de aprobarse se encomendaría al Tribunal de Cuentas, se extendería también al Instituto Balear de Desarrollo Industrial, al Servicio de Mejora Agraria y al Institituto Balear de Promoción del Turismo, instituciones todas ellas dependientes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Según eplican los socialistas, esta propuesta de fiscalización responde a la situación de alarma social creada "a raíz de la aparición en los medios de comunicación de una amplia información referente a un presunto uso inadecuado de los recursos de las instituciones referidas, con relación a distintos proyectos desarrollados en la República Argentina y en la República Oriental de Uruguay, y cuyo objetivo abría sido alterar el censo electoral".

El informe de fiscalización comprendería desde el 1 de enero de 198 hasta el 31 de diciembre de 1999 y el ámbito material de la fiscalización lo integrarían; la contratación con terceros por parte de dichos órganos y entidades, en España y en el Extranjero y las subvenciones a terceros, personas físicas o jurídicas condecidas por los citados órganos y entidades de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Asimismo la popuesta de fiscalización de PSOE incluye los gastos de viajes, representación, protocolo, relaciones institucionales, jornadas, simposios y otros astos similares pagados en moneda o con tarjeta de crédito por la comunidad autónoma o por cualquiera de las entidades mencionadas y los gastos de personal de las instituciones en cuestión, con especial detalle de los generados por el personal nombrado o contratado para actividades de promoción comercial y cultural.

Los socialistas fundamentan su propuesta en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que reconoce a las Cortes Generales la iniciativa para el ejercio de la fiscalizacón, iniciativa que se jercita por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el el Tribunal de Cuentas. Además, la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se extiende al Sector Público y a todos los órganos, entidades y organismos públicos o privados que los integran.