El PSOE considera que el consejero de Economía del Gobierno regional, Fernando Becker, es responsable de una falsedad en documento público por un importe de 375,3 millones de pesetas, en su condición de presidente del Consejo de Administración de Cristaloyd.

El procurador del PSOE en Castilla y León, Zenón Jiménez Ridruejo, afirmó hoy que "ante el rechazo y la obstinación del PP en facilitar información a los grupos parlamentarios sobre la documentación financiera y mercatil" de dicha empresa, "no nos ha quedado más remedio que judicializar el asunto".

Otro de los factores que les ha llevado a dicha iniciativa es la oposición continua del Partido Popular, que gobierna en la región, a aceptar la creación de una comisión de investigación.

Esta decisión, que ya ha sido puesta en conocimiento del PP, será comunicada oficialemente ante todos los grupos parlamentarios en el próximo pleno de las Cortes Regionales, que se celebrará el miércoles de la semana que viene.

La acusación que los socialistas llevarán al fiscal anti-corrupción "o, en su caso, al juzgado de guardia", señaló Jiménez Ridruejo, será la de presunta falsedad en documento mercantil e irá dirigida directamente contra el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Fernando Bécker, que es el presidente del Consejo de Administración de la empresa, participada en un 100% por el Gobierno regional.

"Pondremos en manos del fiscal la documnetación suficiente para probar falsedad en documento mecantil por valor de 375,3 millones de pesetas", dijo Ridruejo.

Según el PSOE, esos 375,3 millones de pesetas están sin justificar y pueden ser falsos, por lo que "dejaremos que el juez decida si nuestras dudas son fundamentadas o tiene razón la Consejería de Economía cuando afirma que no hay ninguna irregularidad".

Recientemente, el propio Partido Socialista acusó a la Junta de Castilla y León de estar utilizando esta empresa, situada en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), para financar de modo irregualar al PP.

Al conocer la intención de la oposición de denunciar el asunto ante los tribunales, el portavoz del PP en las Cortes Regionales, Javier León de la Riva, afirmó que es un error judicializar los temas políticos, y contraatacó diciendo que se pensarán la posibilidad de "llevar al juzgado algunos temas que son delictivos por parte de algún ilustre socialista".

León de la Riva se refería las dietas presuntamente cobradas de forma irregular por el alcalde de Valladolid, el ocialista Tomás Rodríguez Bolaños, que actualmente está estudianto el Tribunal de Cuentas.