En concreto, en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Servimedia, Hernando pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que "conforme a la legislación vigente, establezca las medidas necesarias para culminar definitivamente la expurgación de los ficheros policiales en todo lo relativo a datos de ex-presos políticos y ex-presos sociales y, en general, de personas detenidas o condenadas por motivos políticos, ideológicos o por su orientación sexual durante la dictadura franquista, con quebranto de sus derechos y perjuicios para su vida".

Agrega en su proposición que "en todo caso el expurgo deberá llevarse a cabo cumpliendo los requisitos legales establecidos en materia de archivos en cuanto a su conservación y consulta."

Argumenta que tras treinta años de democracia en España y de vigencia de una Constitución que define y ampara los derechos de los ciudadanos, "estamos en condiciones de exigir y procurar que tales derechos sean respetados en todos sus extremos, desde los relativos al ejercicio de las libertades hasta lo tocante a la intimidad y honor de las personas".

Hernando entiende que supone un menoscabo del respeto que se debe a los derechos de los individuos que en algunos casos aún se presenten situaciones lamentables originadas por la indebida atribución de antecedentes penales a algunos de ellos debido a que los ficheros que manejan las Fuerzas de seguridad del Estado no han sido expurgados del todo para sacar de ellos fichas de la época de la dictadura franquista, que pasaron al Archivo del Gabinete de Identificación de la DGP, correspondientes a personas injustamente detenidas o condenadas, no sólo por motivos políticos, sino por lo que suponía la aplicación de leyes como la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970.

Agrega que la Ley de Amnistía de 1977, así como desarrollos legislativos posteriores como la Ley orgánica de Protección de datos de carácter personal, más la normativa derivada de ella han establecido pautas de obligado cumplimiento para que los ficheros policiales de todo tipo quedaran expurgados de datos relativos a personas perseguidas, detenidas y, en su caso, encarceladas por motivos inaceptables en democracia y contrarios a lo que supone el respeto a ios derechos humanos.

"Desgraciadamente", continúa, "dada la ingente labor que suponía esa expurgación por el gran número de casos de esa índole, y a pesar de los recursos que para esa tarea han proporcionado las nuevas tecnologías informáticas, todavía aparecen en algún momento fichas personales que no deberían constar en los archivos policiales".