En un encuentro con periodistas, tanto Fernández Marugán como la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, consideraron que este tipo de actitudes esconden una "confusión" de intereses particulares con los generales que debe ser evitada, incrementando la transparencia.

Para ello, los socialistas proponen con esta moción un "perfeccionamiento" de la legalidad vigente. Como primera medida, plantean que el ministro de Administraciones úblicas informe semestralmente al Congreso del cumplimiento de estas obligaciones, de las infracciones que se hayan cometido y de la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.

También reclaman que se refuercen los medios materiales y personales para lograr una mayor eficacia de la Inspección General de Servicios en el control del cumplimiento de estas normas.

SUBVENCIONES

En cuanto a las modificaciones concretas de la ley, los socialistas defienden la prohibición a los altos cagos de percibir directa o indirectamente subvenciones públicas relacionadas con su área de gestión político-administrativa durante el ejercicio de su cargo.

Asimismo, abogan por prohibir que los presidentes de sociedades mercantiles cuyo capital sea mayoritariamente público, o con posición de control del sector público, intervengan en actividades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo ocupado durante los dos años siguientes a su cese. De esta forma, se equipararía a los presdentes con los altos cargos que ya tienen establecida esta incompatibilidad.

También piden que los presidentes y demás miembros de consejos de adminitración de sociedades mercantiles designados en representación del capital social público permanezcan en su cargo cuando la empresa se privatice.

Además de un "máximo seguimiento" de todos estos asuntos por parte de la Comisión del Estatuto de los Diputados, los socialistas proponen que el propio presidente de la Cámara pueda reclamar la presencia delos presidentes de empresas que, al margen de la participación en ellas de capital público, presenten servicios esenciales, desarrollen actividades sujetas a un específico régimen administrativo de control o autorización, o estén exentas total o parcialmente de la libre competencia.

SANCION A PIQUE

En la moción, los socialistas incluyen la petición de que el Consejo de Ministros incoe un expediente sancionador a Josep Piqué por no haberse inhibido formalmente de las reuniones de la Comisión Delegadadel Gobierno para asuntos económicos en las que se trataron asuntos de Ercros.

En este sentido, Fernández Marugán avanzó que los socialistas se opondrán en un voto particular al "cerrojazo" que el PP quiere dar a la subcomisión del Congreso que estudia las subvenciones del Ministerio de Industria.

Fernández de la Vega argumentó esta oposición en el hecho de que la subcomisión ha demostrado, en su opinión, que Piqué ha actuado "como el hombre de De la Rosa en el Consejo de Ministros", al utilizar u cargo como "atalaya para repartir fondos públicos entre sus amigos y los del señor Aznar".

Por este motivo, lanzó una advertencia a los socios parlamentarios del Gobierno, al afirmar que quienes se opongan a la moción socialista perderán toda legitimidad para exigir el cumplimiento de la legalidad vigente en esta materia.