El portavoz socialista de Defensa, Victorino Mayoral, manifestó hoy, en una rueda de prensa, que "adecuar el régimen de la Guardia Civil a los derechos constitucionales" supondrá un "avance en la modernización" de este cuerpo y aumentará la motivación de los agentes, lo que redundará en una mayor eficacia en la defensa de la seguridad ciudadana.

Mayoral insistió en la necesidad de "aproximar los régimenes reguladores de los dos Cuerpos de Segurdad del Estado, aun manteniendo la peculiaridad de la Guardia Civil, su Estatuto Militar", ya que los guardias civiles dedican el 99 por ciento de su tiempo a labores de seguridad ciudadana, no a misiones militares.

Por ello, subrayó que la Guardia Civil debe contar con un régimen asociativo similar al del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene su sistema sindical propio, pues "la asociación profesional es perfectamente compatible" con las funciones que desempeñan los cuerpos de seguridad. No ocurre as con el derecho a huelga y conflicto colectivo, que tampoco está permitido para la Policía.

Asimismo, indicó que hay que convertir el Consejo Asesor de la Guardia Civil en un instrumento "equivalente" al Consejo Nacional de la Policía, como "vehículo" de contacto con la Administración y cauce para la participación de los agentes. Apuntó que para un funcionamiento "democrático" de este órgano hay que permitir "la agrupación de electores y electos" y la organización para elaborar propuestas y candidaturs.

PRIVACION DE LIBERTAD SIN DELITO

En cuanto a los arrestos, Mayoral subrayó que para integrar el régimen de este cuerpo en el "sistema constitucional" es imprescindible eliminar sanciones "anacrónicas e ineficaces" como la privación de libertad por "faltas que no son delito". Para el PSOE, los arrestos domiciliarios deben ser sustituidos por suspensión de empleo.

La iniciativa del Grupo Socialista delimita también las competencias para imponer estas sanciones, que deben corresponder al Ministrio del Interior cuando la falta se produzca en una actuación de seguridad ciudadana, y al departamento de Defensa sólo en los casos en que tenga lugar durante una misión militar.

Actualmente, siempre que la sanción implica separación del servicio esta competencia se atribuye al Ministerio de Defensa. Del mismo modo, el PSOE quiere que los instructores de los expedientes no sean militares, sino funcionarios de la propia Guardia Civil, como ocurre en otros cuerpos de la Administración.