Tras destacar los aspectos positivos de las nuevas tecnologías, el PSOE agrega que éstas pueden representar, al mismo tiempo, nuevos riesgos para los ciudadanos, al afectar a su intimidad personal.

Por ello, recuerda la importancia de asegurar que las grabaciones de voz e imágenes en la vía pública se limiten a las finalidades legítimas que lo justifiquen, evitando abusos y asegurando la destrucción de los datos privados que no sea necesario conservar.

Por ello, el PSOE quiere que el obierno envíe al Parlamento un informe detallado sobre la aplicación de la citada ley, el número de videocámaras autorizadas, los lugares donde se encuentran, las peticiones de instalación que han sido rechazadas, las autorizaciones que se han concedido para el uso de videocámaras móviles, las razones que lo justifican, los procedimientos sancionadores abiertos por infracción de la ley, el control que existe sobre las videocámaras instaladas por particulares en locales de todo tipo, etc.

Igualmente, ls socialistas preguntan al Gobierno qué valoración le merece la aplicación de la ley y los efectos que ha tenido en la prevención de actos delictivos y la protección de personas y bienes.