La secretaria gneral del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que éste es un "hecho gravísimo sin precedentes" empleado por el PP para sacar adelante una medida "impopular" para cuya calificación "la palabra desmán se queda corta".

Según el portavoz socialista en la comisión de Presupuestos, Francisco Fernández Marugán, lo hecho por el PP es una "violación de la seguridad jurídica" que implica coartar la capacidad que tienen todos los parlamentos para "controlar el poder tributario de los gobernos".

Este Ejecutivo, dijo Marugán, "ha decidido que no se le controla y usa argucias reglamentarias para conseguirlo. En esto, Montoro (ministro de Hacienda) ha demostrado ser un buen empleado de los empresarios y preserva los intereses de los poderosos".

Para Fernández, la actitud del Gobierno y del PP es "prepotente" y la medida "ataca las reglas de juego democrático" y las consecuencias de ello las deberá pagar el Ejecutivo.

En concreto, el Grupo Socialista se ha dirigido a la Mesa par que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe sobre la viabilidad constitucional y reglamentaria de la enmienda del PP presentada en el Senado.

Los socialistas denuncian en el texto dirigido a la Mesa que el Congreso de los Diputados "no ha tenido la menor ocasión de analizar y debatir sobre la creación de estas nuevas figuras tributarias", algo que entra de lleno en las competencias del Parlamento.

Entienden que el derecho del Senado de introducir enmiendas a los proyectos de leyya aprobados en el Congreso "no es absoluto" y de hecho, en este caso, vulnera el principio democrático de las minorías a pronunciarse.

Para el PSOE, la "trascendencia y repercusión" en el ordenamiento jurídico de tales enmiendas recomienda la intervención del Congreso, porque, en caso contrario, se le estaría "apartando de la función legislativa" que le corresponde en la creación de tributos.

La secretaria general del Grupo Socialista aseguró que el Gobierno viene usando este sistema para introdcir "por la puerta de atrás" las medidas impopulares de las que se deriven consecuencias que no quiere asumir.

Para decidir sobre la elaboración de dicho informe, la secretaria general del Grupo Socialista pide a la presidenta de la Cámara, Luisa Fernanda Rudí, que convoque a la mayor brevedad posible la Mesa del Congreso. En caso contrario, no se convocará hasta el próximo día 5 de diciembre.

Las razones de urgencia que argumenta el PSOE para pedir la convocatoria urgente de la Mesa se basan tamién en el breve espacio de tiempo que queda para la aprobación de los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento que estará de vuelta del Senado a la Cámara Baja el próximo 20 de diciembre.

En todo caso, el PSOE está convencido de la inconstitucionalidad de la medida y recurrirá a los tribunales para demostrarlo. Fernández de la Vega indicó que el Tribunal Constitucional no suele suspender las leyes recurridas, por lo que, si hubiera una decisión contraria al Gobierno, "lo pagaremos todos los ciudadanos"