El objetivo del parlamentario europeo es conocer los detalles de cómo va a controlar el Ejecutivo comunitario el cumplimiento del acuerdo y si esta institución puede certificar oficialmente que, a la primera infracción que se constate, llevará el caso al Tribunal de Justicia europeo "sin ninguna dilación".

Carnero mostró su preocupación ante la posibilidad de que Aguirre tenga intenciones de ampliar el proyecto inicial hasta la provincia de Ávila, "una ampliación del planteamiento inicial que conllevaría un sustancioso incremento cualitativo y cuantitativo de las obras y, por tanto,el aumento de las amenazas al medio ambiente".

En caso de producirse esta ampliación, dijo Carnero, y "teniendo en cuenta el historial de incumplimientos de las directivas europeas por parte de Aguirre, es necesario que la Comisión Europea extreme la vigilancia para garantizar el pleno respeto del compromiso adquirido ahora, pero también debe exigir de inmediato la aclaración oficial sobre la ampliación del desdoblamiento hasta la provincia limítrofe".

Afirmó que, si Aguirre confirma este plan, "el compromiso adquirido por la Comunidad de Madrid tendría un valor relativo, habría de ampliarse y modificarse" para "incluir que no se realizará ninguna obra en tal sentido sin la oportuna declaración de impacto".

Explicó que es "imprescindible" que desde Bruselas se aclaren estos aspectos, ya que la Comunidad de Madrid "ha protagonizado un bochornoso expediente de incumplimientos de las directivas europeas sobre Medio Ambiente y evaluación de impacto".

A su juicio, el Gobierno presidido por Aguirre ha continuado las obras de la carretera de los pantanos "a todo ritmo" estos meses con el propósito de "convertir en hechos consumados sus proyectos sin haber realizado la previa declaración de impacto, que precisamente tiene un objetivo preventivo, con lo que los daños provocados al medio ambiente pueden ser ya, en parte, irreversibles".

En este sentido, ha preguntado si la Comisión Europea tiene intenciones de enviar una delegación a las obras para comprobar si el perjuicio causado al medio ambiente tiene solución.

Recordó que, al contrario de lo que se decidió en un primer momento, ha sido la Comunidad de Madrid, y no al revés, la que ha aceptado el requerimiento de Bruselas para realizar la preceptiva y obligatoria Declaración de Impacto Ambiental en el desdoblamiento de la M-501 en cada uno de sus tramos y de forma global, tal como demandaron los socialistas. Según este acuerdo, Madrid debe informar del proyecto a Bruselas cada dos meses.